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ONG Justicia Venezolana: Radicalización de cuarentena agrava situación de presos políticos militares
137 militares están recluidos en cárceles militares y centros de detención preventiva

La radicalización de la cuarentena producto de la proliferaciòn del COVID-19 en el país agrava la situación de los presos políticos militares. Así lo manifestó, la abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo.

Según destacó la defensora privada de presos políticos militares se registran 183 castrenses con procesos penales en su contra. De estos, 46 se encuentran en libertad, y 137 recluidos entre cárceles militares y centros de detención preventiva.

Aseveró que además de los 35 castrenses con graves patologías, muchos del total de presos políticos están presentado importantes síntomas de depresión producto del aislamiento extremo al que están siendo sometidos. 

«Entendemos la ola de contagios que vive el país, pero en centros penitenciarios deben aplicarse protocolos de bioseguridad que garanticen las visitas regulares, en semanas de flexibilización, de abogados y familiares a oficiales recluidos en Ramo Verde, la cárcel de La Pica y Santa Ana», sentenció Camejo en relación a este tema. 

La jurista subrayó que así como permiten el contacto con el mundo exterior a quienes permanecen detenidos por largo tiempo, pese a ser esto una violaciòn de la ley, en sitios como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en cárceles comunes; deben buscarse alternativas para otros centros penitenciarios como Cenapromil en Ramo Verde.

Asimismo, la profesional del derecho citó como ejemplos reclusorios de varios países de América Latina, donde incluso existe hacinamiento carcelario, y planteó como alternativa viable, en el corto plazo, la instalación de locutorios para que no haya contacto corporal entre los presos políticos y los familiares o defensores privados. «Es deber del Estado preservar la salud física y mental de estos ciudadanos», sentenció.

Comisionado de la CIDH expone que en la región existe más riesgo de persecución a defensores de DDHH
En el foro Defender derechos en Venezuela: Amenazas y peligros” participaron representantes de ONG Defiende Venezuela y la Universidad Metropolitana 

«La región de las Américas es donde más se encuentran en riesgo los defensores de derechos humanos de todos los ámbitos, debido a amenazas y persecución».

Tal aseveración fue hecha por Joel Hernández, Comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Defensores y Defensoras de Derecho Humanos y operadores de justicia en el marco del foro “Defender derechos en Venezuela: Amenazas y peligros”.

Asimismo, reflejó que se debe reconocer que actualmente existe un derecho internacional y que toda persona defensora de derechos humanos debe poder disfrutar de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación, los cuales se encuentran en peligro de ser violados ante una situación de vulnerabilidad como la observada en la región.

En el foro igualmente intervino Génesis Dávila, Fundadora y Presidenta de Defiende Venezuela. “Defiende Venezuela es una organización pionera en defender derechos humanos, ya que son los defensores de los derechos civiles y políticos quienes tienen un mayor riesgo en la región, al ser víctimas de amenazas y represión por su trabajo», dijo Dávila. 

Por su parte, Mario D’Andrea, abogado UCAB y miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, describió cómo se ha reducido y menoscabado el entorno y espacio cívico en Venezuela, sobre todo para las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar, hizo énfasis en que las protestas y manifestaciones en Venezuela pueden ser reprimidas o impedidas por el no otorgamiento del permiso de hacer uso del espacio geográfico, asimismo, indicó que hay un marco jurídico contrario a las reuniones pacíficas.

En segundo lugar, destacó que se ven afectados los defensores de derechos humanos en las restricciones al derecho a la participación en los asuntos públicos y el derecho de asociación pacífica, recordando que en el 2016 se presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley, retomado en el 2021, donde se establece que los fondos que recibían las ONG venezolanas del extranjero serían distribuidos por el Estado. “Imagínense las implicaciones que sea el Estado quien decida en que medidas trabajan, el mandato de la organización o hasta donde puede cubrir esta ONG. Se perdería la independencia y autonomía”, señaló D’Andrea.

Por su parte, Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, hizo énfasis en la criminalización de las ONG en Venezuela, exponiendo que éstas son consideradas como “enemigos internos”, lo cual ha avanzado el proceso de criminalización y persecución de las organizaciones. “Cuando un defensor hace ejercicio de sus derechos como el de asociación o libertad de expresión, el Estado venezolano nos acusa de legitimación de capitales, instigación al odio, terrorismo, desestabilización”, destacó Santacruz. Asimismo, señaló que para el 2021 se han detectado 28 ataques a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Genesis Dávila, describió la doctrina de seguridad nacional en la promoción y protección de derechos humanos en Venezuela. Expuso que existe una política de criminalización sistemática del régimen de Maduro contra los defensores de derechos humanos que se inscribe en la misma línea de control y represión que se ha dado durante la pandemia, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales del Estado. Entre sus casos de ejemplo, recordó cuando los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana asistieron a las adyacencias del hospital J.M. de los Ríos y fotografiaron a colegas y a niños pacientes de cáncer del hospital sin mediar ninguna palabra, como un acto de hostigamiento.

Dávila expone que: “Ejercer como defensor de derechos humanos en Venezuela es un trabajo de alto riesgo, todo defensor se expone a cualquier tipo de amedrentamiento, persecución y criminalización por su labor en Venezuela”.

 

 

 

 

 

Venezolanos apelan a cocinas eléctricas para paliar crisis del gas doméstico
62,8% de la población considera que el servicio ha empeorado 

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en doce de las principales ciudades del país en enero de 2021, se identificó que la compra de cocina u hornillas eléctricas es la primera opción que toman los ciudadanos ante las fallas en la distribución del gas doméstico, alcanzando un valor de 58,7%, seguido de cocinar a leña con 27,2% y la compra de cilindros o bombona adicionales con apenas un 9,8%.

Entre otras alternativas de los ciudadanos para obtener el servicio en el hogar, un 2,5% de los encuestados señaló que se abstienen de preparar comidas que requieran cocción con gas. Además, un pequeño porcentaje (0,9%) indicó que prepara sus alimentos con carbón como combustible.

Extrayendo los resultados por ciudades, San Cristóbal, Valencia y Punto Fijo representaron las mayores proporciones donde los consultados utilizan cocinas u hornillas eléctricas como solución ante la escasez del gas, con 71,6%, 71,3% y 69,9% respectivamente, mientras que el predominio de cocinar con leña se observó en las urbes del occidente principalmente como San Fernando de Apure con 46,1%, Barinas con 35,0% y Mérida con 33,2%.

Por su parte, la compra de más cilindros o bombonas se evidenció en mayor proporción en Caracas con 24,1%, Barcelona con 18,7% y Porlamar con 13,3%. Asimismo, la opción de preparar alimentos sin cocción se observó en mayor proporción en Maracaibo con 6,3%, Caracas con 5,9% y Porlamar con 3,6%.

Como parte del estudio realizado al iniciar el año, se consultó la opinión de los usuarios sobre el funcionamiento del servicio de distribución de bombonas en los últimos 3 meses, evidenciándose que un 62,8% de la población de las ciudades estudiadas indicó que ha empeorado. La mayor proporción de estas respuestas la obtuvo Ciudad Bolívar con el 74,0%, seguida de Punto Fijo con 72,3%, Valencia con 71,5% y Barquisimeto con 65,6%.

Por su parte, 32,9% indicó que el servicio de distribución de gas doméstico se ha mantenido igual y solo un 12,7% que señaló que habría mejoradoDe los usuarios que opinaron positivamente sobre el funcionamiento del servicio (12,7%), un 13,8% se observó en Mérida, seguido de Maracaibo con 12,7%, Caracas y Barinas, ambas con un 9,6% de personas que indicó percibir una mejora.

Como últimos datos, de acuerdo con el Observatorio de Medios y Redes de la organización, durante los dos primeros meses del 2021 se han registrado numerosas denuncias de los ciudadanos donde indican no contar con los cilindros de gas doméstico desde dos, tres, cuatro meses o más. Asimismo, este servicio sigue siendo el motivo de parte de las protestas registradas durante los meses de enero, febrero y parte de marzo de 2021.

Sin sus abogados realizan audiencia del docente y preso político Robert Franco
Le acusan de terrorismo 

En plena cuarentena radical y ya caída la noche de este pasado viernes el Tribunal 4to Nacional en materia de terrorismo presidido por Mascrimino Márquez realizó la audiencia preliminar al profesor Robert Franco y otros cinco  imputados de una supuesta vinculación con la denominada “Operación Boicot” a la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, la acusación la realizó el fiscal 67 Farit Harin Mora Salcedo. La decisión fue pasarlos a juicio con privativa de libertad, algo que desató numerosas reacciones en el  gremio docente calificando esto de criminal dado que el maestro ya cumple 3 meses detenido.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, criticó la decisión afirmando que Robert Franco, quien es secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Carúpano-Paria, no ha cometido delito alguno. “Acaso la dictadura de Nicolás Maduro considera delito exigir un sueldo digno para los docentes, Franco no es terrorista sino un profesor de educación física el cual ha dedicado su vida a la enseñanza y a luchar por las reivindicaciones salariales de sus colegas del estado Sucre”, exclamó.

Sánchez calificó de sicarios judiciales al juez  Mascrimino Márquez y el fiscal Farit Harin Mora Salcedo los cuales hicieron la audiencia entre gallo y media noche y para colmo impidieron a la defensa del Robert Franco y los otros imputados estar presentes durante el proceso. “Sin ninguna prueba o basamento legal decidieron pasarlos a juicio acusándolos de terrorismo además de mantenerlos presos,  ya el docente cumple 3 meses detenido con trato inhumano en los calabozos de la sede del Faes en La Quebradita”.

La también vocera de FORDISI (Asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical), responsabilizó de la injusta prisión del Robert Franco al régimen de Maduro, que desde hace tiempo persigue y hostiga a los maestros de esa región oriental. “No les basta con condenarlos a salarios de hambre sino ahora manda presos a los líderes sindicales que exigen en las calles un trato digno al gremio docente, en homenaje a Franco seguiremos manifestando  haciéndole saber a Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz que el magisterio no se rinde. Nos podrán meter presos, agredirnos o suspendernos nuestros salarios pero el gremio docente sigue alzando su voz de protesta”, señaló.

Les fue negado su derecho a la defensa  

Por su parte Theresly Malavé, Directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela,  relató cómo Darío Estrada, Robert Franco y a los otros detenidos se les negó su derecho a la defensa impidiendo la juramentación de sus abogados, asimismo realizaron la audiencia a pesar que horas antes el mismo juez informo  Mascrimino Márquez suspensión todo tipo de actos en el Palacio de Justicia motivado a la cuarentena radical, solo estando activos las guardias de flagrancia. “Esta es una práctica común de este juez el cual  realiza procesos sin presencia de los abogados defensores presionando a los imputados a admitir hechos que no cometieron y condenándolos a largas penas. En este caso fueron pasado a juicio y mantiene la injusta medida de privativa de libertad”, indicó.