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Fidel Aliaga Abr 06, 2021 | Actualizado hace 4 meses
La justicia al servicio del sandinismo
La mayor parte del poder judicial en Nicaragua está a las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados hablan de manera abierta del respaldo al partido de gobierno y cómo sujetan sus decisiones a criterios políticos

CONNECTAS 

Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado.  

A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la ley Especial de Ciberdelitos.

Lo que no se supo entonces es que, tras bambalinas,  a pedido del Ejecutivo, fue el poder judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas. 

Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.

Más de cuarenta años después, los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial para este reportaje.

Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.

Esta influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.

Aunque Martínez no quiso dar declaraciones cuando fue consultado para este reportaje, una entrevista en octubre de 2020 del exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirma que el FSLN logró el control de manera paulatina. En 2014, cuando los legisladores sandinistas lograron nombrar a adeptos a su causa a diez de 12 magistrados, que integran la Corte Suprema de Justicia, se dio una barrida (despidos masivos) en Apelaciones con lo que se reforzó el control.

“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien su despido se lo argumentaron por escrito como realizado “por conveniencia de la institución”.

Yader Morazán, un extrabajador de los juzgados en Matagalpa y hoy en el exilio, relató a esta investigación, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, que el partido ejerce influencia en las instancias de ese poder del Estado a través de dos estructuras: Los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS)– en los que el magistrado Aguilar es secretario– y la Juventud Sandinista (JS). Ambas organizaciones tienen presencia en la institución y en los barrios.

Magistrados sandinistas atienden territorios 

Según fuentes judiciales, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. En 2020, Ramos  vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.

Funcionarios consultados revelaron además que, cuando las directrices políticas son para los jueces, se reúnen con Ramos, Méndez, Aguilar y Virgilio Gurdián, un ex ministro liberal nombrado en 2014, aunque según fuentes judiciales los sandinistas no lo toman en cuenta para estas decisiones. Todos estos funcionarios son miembros del Consejo de Administración de la CSJ.

Las otras órdenes son enviadas a través de los CLS y la JS en la institución judicial. Los trabajadores incluso de áreas administrativas son controlados por los sindicatos, encargados de la afiliación de miembros del partido dentro de la institución. También les piden el 1 por ciento del salario como “contribución partidaria”. Al principio, las mismas fuentes consultadas, dijeron que los políticos (comisarios sandinistas) de sus áreas le dijeron que todo sería voluntario, lo que no se cumplió en la práctica. 

Estas “contribuciones” han sido denunciadas como irregulares, e incluso son mayores en otras instituciones estatales,  lo que ha sido denunciado por los medios de comunicación locales. 

El relato del exmagistrado Barrientos Watson, despedido según él por razones políticas, permite redondear el retrato de un poder judicial parcializado a los intereses de Ortega e impune. Otras aristas de este mismo retrato se pueden ver a través de historias como la de Margarito García, un ex trabajador de los juzgados en el departamento de Chontales que se vio forzado a contar su historia desde la cárcel antes de ser sorpresivamente liberado por el Ministerio de Gobernación, o la de Luis Enrique Cuevas, un expreso político  que ha denunciado el exceso de la justicia en su caso, perseguido por vender la bandera de Nicaragua, considerada como subversiva por el partido de gobierno desde 2018. 

Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos, criticó en diciembre al sistema de justicia cuando se refirió a “las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”..

La CIDH logró establecer que al menos 1.614 personas fueron encarceladas en este contexto, un proceso en el cual el poder judicial tuvo una participación clave. El organismo señaló violaciones a las garantías y al derecho a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”.

El 23 abril de 2018,  días después de iniciadas las protestas opositoras, en una nota del poder judicial, Ramos abiertamente salió en defensa de Ortega, adelantando la posición pública del poder que preside y atribuyó lo que ocurría a una campaña mediática. “Si acá hay un terremoto van a protestar porque el gobierno es culpable del terremoto”, dijo.

De acuerdo con la CIDH, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, la mayoría víctima de la represión. El Estado asumió que se trataba de un intento de golpe, aunque las protestas fueran pacíficas y no hubiera evidencia de lo otro. Posteriormente, al retomar el gobierno el control de las calles, iniciaron los procesos judiciales.  Solo entre abril y diciembre de 2018 ingresaron a las cárceles de Nicaragua 500 presos que fueron encarcelados por motivos políticos, según organismos independientes

Los opositores procesados fueron declarados culpables por siete jueces con antecedentes sandinistas, de los cuales tres—lejos de ser apartados del sistema por las denuncias de parcialización en el caso de los opositores— fueron ascendidos en los últimos meses a magistrados de apelaciones. Se trata de Ernesto Rodríguez, Rosario Peralta y Edgar Altamirano, según información oficial. En tanto, otro de ellos, el juez Julio Arias fue nombrado como director de una oficina  que vigila las actividades de los abogados desde la CSJ.

Para Vilma Núñez de Escorcia, una de las más destacadas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.

Pese  a las críticas al poder judicial, la presidenta de la CSJ no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS  le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios, la que nunca fue respondida. Los cuestionamientos a esta institución trascienden la ley de ciberdelitos (sobre noticias falsas), después que también respaldaron a finales de 2020 la aprobación de otras leyes para controlar a “agentes extranjeros” que reciban fondos e intenten programas que el gobierno considere que atentan contra “la seguridad del Estado”e igual apoyaron la instauración de la cadena perpetua para autores de “crímenes de odio”.

La injerencia política tiene un pasado mayor. En las últimas dos décadas, varias sentencias han vinculado las decisiones judiciales a los intereses de Ortega. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es también magistrada por apoyo del FSLN, del cual es orgullosa militante.

“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.  

En 2010, un año antes de las elecciones presidenciales, los magistrados sandinistas aprobaron una sentencia con la que Ortega —en el poder desde 2007— pudo postularse a la reelección, entonces prohibida por la Constitución.

El poder judicial ha eliminado posibles competidores del FSLN en las elecciones como en 2008 cuando quitó la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, crítico del mandatario. Ese año hubo comicios municipales.

En 2016, cuando se dieron las elecciones presidenciales, la CSJ falló contra el opositor Partido Liberal Independiente, donde varios de sus miembros estaban envueltos en una controversia jurídica interna por la representación de la organización que duró  cuatro años, y se la quitaron al opositor Eduardo Montealegre, rival político de Ortega, para entregarla a otro bando al que operadores del FSLN le ofrecieron la oportunidad de dirigir el partido antes de la sentencia.

Para el gobierno de Estados Unidos, los objetivos comunes del FSLN y el poder judicial trascienden los intereses políticos. Ese gobierno sostiene que se han facilitado sentencias como mecanismo de recaudación para el partido. “Daniel Ortega y el sandinismo han recibido dinero para financiar campañas electorales del FSLN de narcotraficantes internacionales a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes”, afirmó en el mismo sentido un cable publicado por Wikileaks en 2010. La respuesta oficial fue decir que se trató de una mentira

La construcción del poder en los tribunales

La influencia sandinista se fue construyendo desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990. 

La magistrada Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. “Había una modalidad sabatina que el Comandante Borge mandó a organizar para que nosotros continuáramos a estudiar”.

Aunque con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual, la influencia del FSLN en la CSJ se fortaleció en 2000 según el exprocurador  general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007. El momento clave ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega — en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.

La CSJ quedó compuesta por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas. Sin embargo en 2002, cuando Alemán fue llevado a juicio por corrupción, en un proceso que investigó la misma magistrada Méndez, la balanza se inclinó al sandinista.  Se renegociaron las cuotas de poder, de acuerdo con Novoa, y los liberales entregaron todo a cambio de la libertad de su líder.

“Alemán pasó de socio mayoritario a rehén de Ortega. Una parte de funcionarios liberales, con su líder en la cárcel, se pliegan  al sandinismo en busca de protección para no perder su puesto”, explicó Novoa.

La toma total del FSLN en la CSJ se dio finalmente en 2014, gracias a la mayoría sandinista en el Parlamento que nombró a los nuevos magistrados. Fueron 11 sandinistas de un total de 16. De estos actualmente quedan 12, porque tres renunciaron al cargo y uno falleció. Los funcionarios se mantenían en sus puestos hasta inicios de 2020.

Los despidos en los tribunales de Apelaciones, decididos por los magistrados sandinistas a partir de 2014, permitieron aumentar el control, reveló el exmagistrado José Antonio Barrientos. “Después de esa barrida (despidos), quedó un dos por ciento de liberales en el poder judicial contra 98 por ciento sandinistas, pero ese dos por ciento vota como aliado para conservar su trabajo”, dijo el exfuncionario.

Acariciando el poder total, el FSLN se radicalizó en las estructuras judiciales a partir de 2018 cuando se dieron las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por policías y paramilitares. El objetivo era controlar el descontento. En los tribunales, tampoco se tolera el disenso con el discurso oficial como muestra la historia del ex trabajador de los juzgados de Chontales, Margarito García, quien estuvo detenido durante siete meses antes de su liberación el 18 de diciembre pasado. 

“Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”

Antes de que lo trasladaran a su casa por decisión del Ministerio de Gobernación, que le dio el beneficio de convivencia familiar,  García, quien laboró en los juzgados de Chontales, estuvo encarcelado y, desde prisión, se arriesgó a contar su historia a CONNECTAS.  

García dijo que su pecado fue negarse a afiliarse al partido y criticar en un espacio público al Ejército cuando Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés por negarse a desarmar a los paramilitares que ejecutaron la represión con la Policía. 

El ex funcionario tiene 47 años, de los cuales 18 trabajó para el poder judicial. Nunca tuvo un llamado de atención. Sin embargo, enfrentó un proceso por ocultación y destrucción de documentos judiciales, lo que él considera fue una trampa de sus superiores. 

“Deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel salgan porque (ellos) no se merecen ser reos políticos. Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”, dijo García posterior a su liberación.

La presión que enfrentan los trabajadores del poder judicial no se limitan a los expuestos por García. También se expresan  en “invitaciones” a actividades partidarias, capacitaciones y a algunos les piden hasta enviar fotografías para demostrar que participan en actividades del FSLN. Esas labores de monitoreo político son las menos públicas de las injerencias.

El ex magistrado Rafael Solís denunció durante su carta de renuncia al cargo en enero de 2019 que en Nicaragua se dio la instalación de una dictadura con características de “monarquía”.

“Sustituyendo ustedes (Ortega y Murillo) en sus decisiones  a todo el poder judicial en su conjunto incluyendo a nuestros propios jueces, a quienes defiendo porque no tenían más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (residencia presidencial) y de la Fiscalía de lo contrario serían destituidos de sus cargos”,  dijo Solís.

Uno de los puntos que el exmagistrado Solís criticó fueron los juicios políticos. El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en la toma de decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua. Como se dijo, ese símbolo nacional empezó a ser considerado subversivo por el gobierno al ser usado por la oposición en sus manifestaciones.

La tragedia de Cuevas empezó el nueve de septiembre de 2018, cuando fue a vender banderas, cintillos y vuvuzelas a la “marcha de los globos” para aprovechar la clientela. Ese día lo capturaron y le quitaron su mercadería. Su susto fue cuando lo acusaron por portación ilegal de armas.

“Allanaron mi casa y se llevaron mi moto nueva que había adquirido seis meses antes. Nunca más la volví a ver. Se la robaron como a mi mercadería que compré con un préstamo que aún debo. Se llevaron todo el dinero de la venta de ese día. Me liberaron, pero no me regresaron nada. Cuando fui a reclamar me dijeron: andás buscando que te metamos preso otra vez”, relató Cuevas en octubre pasado. 

Cuando fue excarcelado fue posible, igual que García, el ex trabajador de los juzgados en Chontales, por órdenes del Ministerio de Gobernación, pero el 28 de febrero de 2019 en medio de las negociaciones del gobierno con la oposición. Desde entonces, él ha denunciado que es objeto de asedio.

Su historia engrosa los expedientes que han sido cuestionados por la parcialidad de los jueces al sandinismo. Recientemente EE.UU. sancionó a la fiscal General Ana Julia Guido, de tendencia sandinista, por la fabricación de expedientes contra opositores. 

El ex fiscal Arnulfo López, hoy defensor de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, considera que prácticamente el país volvió a un sistema donde se aplican circulares, orientaciones y “ahora hasta los procesados son culpables desde que los capturan”.

Entre las víctimas del poder judicial se cuentan también sandinistas. En el 2019, la CSJ destituyó a Indiana Gallardo, ex juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, por permitir que familiares de presos por motivos políticos estuvieran presentes durante una audiencia preliminar. Para justificar el despido, la Corte se valió de supuestas quejas de la Fiscalía en su contra.

En contraste con Gallardo, otros funcionarios tuvieron buena estrella por su alineamiento partidario. Otoniel Aráuz Torres era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018. 

El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero la respuesta de las autoridades fue no solo evitar investigarlo, sino que hoy es juez titular. 

Aunque el apoyo al FSLN sea un caso público en la historia de este juez, el de Araúz (apodado en los medios como el juez paramilitar) muestra hasta qué punto el partido de gobierno controla el sistema y cómo prioriza una justicia politizada y ‘de armas tomar’ contra los opositores.

#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

Codhez: Precios de alimentos en Maracaibo aumentaron 15,10%
En Maracaibo se necesitaron 57.415.225,62 bolívares, en promedio, para costear la canasta alimentaria

Maracaibo registró un aumento de 15,10% en el precio de los alimentos que vendieron en dólares durante la última semana de diciembre de 2020, según el monitoreo de oferta y precios de alimentos de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

La organización tomó en cuenta los precios de 24 alimentos en 52 establecimientos comerciales ubicados en los municipios: Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabimas, Lagunillas, Barquisimeto y San Cristobal.

Codhez extendió el estudio a los estados Lara y Táchira para ampliar una investigación sobre seguridad alimentaria en el occidente del país.

Según el comunicado, en Maracaibo se necesitaron 57.415.225,62 bolívares, en promedio, para costear la canasta alimentaria. Para la fecha equivalían a 56,27 dólares.

Lo que destaca de los municipios Cabimas y Lagunillas, de la Costa Oriental del Lago (COL), es que en no hay venta de huevos por unidad.

En promedio, la canasta alimentaria de la COL registró un valor de 52.086.648,37 bolívares, es decir, 52,13 dólares a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 999.196,67.

Si se compara con el valor promedio de la Costa Oriental del Lago de la primera quincena de diciembre la diferencia en bolívares fue de -5,48% y en dólares fue de 5,40%.

En Barquisimeto el precio del kilo de tomate incrementó 28%. Codhez indicó que, en solo 15 días, la canasta de Barquisimeto aumentó 2,16% en bolívares y 7,61% en dólares.

“El rubro con mayor incremento fue el tomate, con un precio por kilogramo de 2.673.704,75 bolívares, es decir, 28,09% más caro que en la primera quincena de diciembre. Por otra parte, el precio del kilogramo de cebolla, así como el kilogramo de yuca, se incrementaron 20% en esta quincena”, señaló la organización.

En el estado Táchira, específicamente en San Cristóbal, el precio del kilo de cebolla aumentó 28%, de 1.072.327,14 bolívares a 1.371,999,80 en 15 días.

*Con información de El Pitazo. 

Claves de la guerra que se está librando en Apure
El conflicto armado colombiano cruzó la frontera y amenaza con instalarse en Venezuela. Esta radiografía de lo que está ocurriendo en Apure muestra el origen de la disputa entre las FANB, las FARC-EP (o segunda Marquetalia) y las disidencias de las FARC, e intenta explicar cómo pasaron de aliados a enemigos. El tráfico de drogas, el control territorial y las afinidades políticas-ideológicas son la esencia de la disputa

 

La cacareada invasión del territorio venezolano, acompañada de un conflicto armado ya está ocurriendo. Pero no fue desatada precisamente por la llegada de los marines estadounidenses. Los primeros combates con características bélicas que se registran en años en Venezuela se están dando en el estado Apure. Los involucrados: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una facción de la exguerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), conocida como Disidencias de las FARC. 

El conflicto, que podría tener consecuencias en toda la región, inició el pasado domingo 21 de marzo con el ataque por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas a un supuesto campamento del Frente 10 de las Disidencias de las FARC –un grupo que nunca se sumó al acuerdo de paz promovido por el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia en 2016– en la población de La Victoria, municipio Páez del estado Apure. 

La acción de la FANB implicó la movilización de distintos componentes militares y una logística de grandes proporciones, como se observa en algunos videos que circularon en las redes sociales y como han denunciado pobladores de La Victoria. El contingente militar fue reforzado por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un grupo señalado de cometer miles de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos. No se descarta la posibilidad de que haya habido bombardeos contra supuestos campamentos del grupo criminal. 

Pero el grupo armado no demoró en responder y el martes, 23 de marzo, los miembros de las Disidencias de las FARC atacaron unidades de la FANB en Venezuela y sedes de instituciones del Estado venezolano. 

Las acciones han estado marcadas por la ausencia de información oficial y las dificultades de movilidad y comunicación. Sin embargo, esto no ha impedido conocer que más de 3.000 venezolanos han sido desplazados y cruzaron la frontera hacia Colombia para huir de los combates, que hay bajas del lado de los militares venezolanos y que los pobladores de La Victoria han sido víctimas de excesos y abusos por parte de la FANB.

También hay ya algunas pistas sobre la verdadera razón detrás de estos enfrentamientos, que involucraría a la facción más nueva de la desaparecida guerrilla de las FARC, conocida como FARC Segunda Marquetalia y liderada por alias Iván Márquez. La motivación de los ataques sería política e ideológica, y no la urgencia por recuperar los espacios de territorio venezolano controlados por el crimen organizado. 

El parte de los enfrentamientos

Bajas de las FANB. Dos militares venezolanos han muerto en los combates que se iniciaron el pasado domingo 21 de marzo, según un comunicado de prensa publicado por el  Ministerio de la Defensa de Venezuela. También circularon algunos partes militares que registran varios funcionarios de la FANB heridos en el primer enfrentamiento.

Los heridos. Según un reporte de El Pitazo el número de heridos  era de 18 personas hasta el lunes 22 de marzo. Destaca que muchas de las víctimas, especialmente militares, resultaron lesionadas por minas antipersonales enterradas en el campo por la guerrilla. 

Bajas de las disidencias de las FARC. En el mismo comunicado de MinDefensa se reportó que había sido “neutralizado” un supuesto guerrillero identificado con el alias de “Nando”. Aunque este nombre no figura en la lista de líderes de ninguno de los frentes del grupo criminal que operan en Colombia y Venezuela, se trataría del hermano de alias “Ferley”, jefe financiero del Frente Décimo (una facción de las disidencias) y quien sería uno de los objetivos de la FANB. Sin embargo, en un comunicado los guerrilleros aseguraron que no hay bajas por parte de su grupo. 

Desplazados. Se calcula que unos 3.000 venezolanos habitantes de las población de La Victoria y sus adyacencias han cruzado el río Arauca huyendo de los combates entre las FANB y las disidencias de las FARC.

 

Detenciones. Las autoridades venezolanas han informado sobre la detención de más de 30 personas, presuntamente vinculadas a la exguerrilla de las FARC. Sin embargo, algunos líderes sociales y residentes del estado Apure han denunciado que los detenidos son campesinos que nada tienen que ver con el grupo criminal. Los guerrilleros habían abandonado el campamento al filtrarse la información de que serían atacados.

Bombardeos. Se han reportado supuestos bombardeos a campamentos de las disidencias de las FARC. La población civil y los propios guerrilleros defienden esta versión. El experto Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), asegura que no se tiene confirmación de estos procedimientos. “Junto a algunos colegas hemos venido debatiendo si este incidente pudiera ser el bautismo de fuego de los K-8 o no. En ese sentido diría que las funciones de apoyo aéreo cercano acarrean mayor complejidad y, sobre todo, trabajo conjunto entre fuerzas”. 

Cuatro enfrentamientos en menos de un año. Los combates que se están registrando en Apure desde el domingo 21 de marzo, son el cuarto choque entre las Disidencias de las FARC y el Ejército venezolano en seis meses. 

El sábado 19 de septiembre de 2020 se produjo un enfrentamiento en el sector Tres Esquinas de la población de El Nula, también en el municipio Páez de Apure, entre efectivos de las FANB y las Disidencias del Frente 10 de las FARC. En este hecho murieron cuatro oficiales venezolanos y también se denunció que hubo bombardeos durante el supuesto ataque a un campamento de los irregulares. 

El sábado 30 de enero de 2021 se reportó otro incidente durante una operación militar desarrollada por la FANB. Un contingente militar de Venezuela se enfrentó a guerrilleros de las Disidencias de las FARC en el sector El Pico, del municipio Pedro Camejo, muy cerca de la localidad de La Macanilla. Un guerrillero murió y un oficial resultó herido. Algunas localidades del municipio fronterizo con el estado Amazonas fueron militarizadas.

El 5 de febrero de 2021, hubo otro choque entre miembros de las Disidencias de las FARC y el Ejército venezolano, esta vez en el municipio Atures del estado Amazonas. En ese hecho se reportó la muerte de seis supuestos guerrilleros, se militarizó la zona y también se habló de bombardeos. “Llega un momento cuando hay tanta densidad de factores armados en una región que comienzan los conflictos. Hay que prepararse para lo que puede venir”, advirtió Rocío San Migule, directora de la ONG Control Ciudadano, al analizar ese incidente.

Guerra de comunicados en redes sociales

Comunicado de las Disidencias de las FARC. Las Disidencias de las FARC difundieron un comunicado el martes 23 de marzo en el que denuncian que la FANB ha violado el Derecho Internacional Humanitario. Dice que se ha “iniciado una operación a gran escala, con el empleo de la Fuerza Aérea, y tropas por tierra, en los que el ataque de bombardeos, desplazamiento y agresiones se han hecho hacia la población civil”. 

Además reportan saqueos, robos, cobro de extorsiones y todo tipo de agresiones contra la población civil por parte de los militares venezolanos. Lo cual coincide con las denuncias recogidas en el pasado en informes internacionales, que han registrado hechos similares cometidos por la fuerza pública venezolana durante operativos de seguridad. 

 

Declaración de guerra en apoyo a las Disidencias de las FARC y ataque a instalaciones militares venezolanas. En otro pronunciamiento público, un guerrillero que se identificó como Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las Disidencias de las FARC, expresó su solidaridad con el Frente 10, y anunció que atacarían las bases militares del Ejército venezolano. Además denunció que en la FANB “hay un cúmulo de militares corruptos”. Su amenaza se concretó la noche del 23 de marzo, cuando fue arrasada la aduana auxiliar de La Victoria.

 

Comunicado de otro grupo (posible FARC Segunda Marquetalia). El miércoles 24 de marzo, guerrilleros del Bloque del Magdalena Medio (Frentes 33, 4, 24 y 37) rechazaron la confrontación. Leyeron un comunicado invitando a sus excompañeros a salir de Venezuela y centrar su lucha en Colombia, donde “los militares cada día atropellan al pueblo, saquean y estigmatizan a los de la oposición política, y sin embargo no hacemos nada, cuando es ahí donde nuestras armas deben de entrar en acción”. Además, remarcaron que el revolucionario que no defienda a su patria y esté metido en problemas de otras naciones “no debe, ni puede llamarse heredero del legado de los marquetalianos”. Finalmente atribuyeron los enfrentamientos ocurridos en Apure a “un plan diseñado por la oligarquía para deslegitimar la revolución bolivariana”. Este grupo no manifestó ningún apoyo al Frente 10, al contrario parecía oponerse a sus acciones.

Comunicado de la Cancillería Venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza publicó un comunicado oficial sobre los ocurrido en su cuenta de Twitter el miércoles 24 de marzo y asoma por donde van los tiros. “… El gobierno de Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadounidense y su grupo élite de siete mil efectivos recientemente creado ha instalado un corredor de actividades ilegales… destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados en contra de Venezuela”, dice el documento que cierra con una advertencia, “… la República Bolivariana de Venezuela… ratifica que cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela, bien sea convencional o encubierto, por parte de cualquier organización armada sea esta regular o irregular, tendrá una reacción contundente”. 

Ruta de un conflicto que no es nuevo

  1. Apure y las tres guerrillas. Apure es un estado fronterizo con Colombia, específicamente con el departamento de Arauca. Está ubicado a 433 kilómetros de Caracas. En Apure operan tres grupos guerrilleros, dos colombianos y uno venezolano: Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ex-FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerza Bolivariana de Liberación o boliches (FBL), que es la guerrilla venezolana.
  1. Municipios controlados por la guerrilla. Apure tiene siete municipios y todos tienen presencia de grupos guerrilleros:

Municipio San Fernando.  ELN

Municipio Achaguas.  Disidencias FARC  /  ELN

Municipio Biruaca.  ELN

Municipio Muñoz.  Disidencias FARC  /   ELN

Municipio Páez.   Disidencias FARC  /  ELN   /   FBL

Municipio Pedro Camejo.    Disidencias FARC   /   ELN

Municipio Rómulo Gallegos.     Disidencias FARC   /   ELN   /  FBL

  1. La convivencia con la guerrilla en Venezuela. Los grupos guerrilleros colombianos imponen una especie de gobierno paralelo en las poblaciones donde operan. Muchos de los habitantes se ven forzados, por necesidad y sobrevivencia, a colaborar y trabajar en algunos de los negocios que controla este grupo. Estas comunidades no están armadas, no forman parte activa de la guerrilla. Pero en ocasiones deben ayudarlos y darles protección. La guerrilla tiene informantes en muchos lugares y también impone sus propias normas de convivencia. 
  1. Acuerdo de paz. En 2016 con la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, las FARC tradicionales se desmovilizaron, eso quiere decir que abandonan la guerra de guerrillas. Se convirtieron en un partido político llamado Fuerza Revolucionaria del Común, liderado por Rodrigo Londoño, alias “Tomochenko”; Iván Luciano Márquez Marín, alias “Iván Márquez”; y por Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, quienes llegaron tener curules en el parlamento colombiano. 
  1. Disidencias de las FARC. En paralelo, un importante grupo de esta guerrilla no se desmovilizó, siguió en las armas y en actividades criminales, como el narcotráfico, contrabando de gasolina, minería ilegal, secuestro y contrabando de ganado. A este grupo se le comenzó a llamar Disidencias de las FARC y sus líderes se instalaron en Venezuela para esquivar la persecución de las autoridades colombianas.
  1. Líderes de las Disidencias de las FARC en Venezuela. Jorge Eliécer Jiménez, alias “Arturo” o “Jerónimo” (Frente 10), y  Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte” (Frente Primero), han sido desde entonces los principales jefes de este movimiento de disidencias de las FARC en Venezuela. Se dijo que recibieron el apoyo de Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles”, un viejo líder de esta guerrilla que se había radicado en Venezuela. 

Este grupo se ha fortalecido reclutando jóvenes venezolanos, han instalado campamentos en distintas localidades del estado Apure, han tejido redes de protección con miembros de la Fuerza Armada de Venezuela y con dirigentes políticos. Cuentan con un ejército de aproximadamente 800 hombres entre Arauca y Apure.

También han establecido fuertes nexos de convivencia con las comunidades de localidades como La Macanilla, Guasdualito, Elorza, Achaguas y La Victoria, entre otras.

  1. FARC la Segunda Marquetalia. En agosto de 2019, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich abandonaron el proceso de paz y la política, decidieron volver a las armas, y retomar formalmente el negocio del narcotráfico. Vestidos con uniformes de campaña, portando armas de guerra y rodeados por varios de sus antiguos compañeros, hicieron un anuncio público: “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (…) la continuación de la lucha guerrillera”, decía el comunicado que leyó Márquez. 

Marquetalia es el nombre de la vereda (lo que en Venezuela es una parroquia) en el municipio Planadas, del departamento colombiano de Tolima, donde nació la guerrilla de las FARC. Ahora esta es otra subdivisión de la tradicional guerrilla de las FARC y se identifica como FARC Segunda Marquetalia o FARC-EP (Farc Ejército del Pueblo). 

  1. Líderes de la FARC Segunda Marquetalia. Los jefes de este nuevo grupo derivado de la vieja guerrilla de las FARC son Iván Luciano Márquez Marín, alias Iván Márquez y por Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Aunque no hay confirmación oficial de esta versión, habitantes de la población de Elorza (en Apure) e informes de inteligencia de Colombia coinciden en que los dos hombres entraron a Venezuela con el apoyo y la protección de alias Gentil Duarte y otros miembros de las Disidencias de las FARC. “Permanecieron en Elorza, donde se han instalado y tienen fincas varios de sus compañeros de armas”, dijo un lugareño que los vio caminar por el pueblo, luego de bajar de una camioneta escoltada por motorizados en 2019. Su paradero actual se desconoce, pero no se descarta que se hayan instalado en Caracas, capital de Venezuela.
  1. La bienvenida a Venezuela. Poco antes del anuncio oficial de los líderes de la Segunda Marquetalia, en julio de 2019, el presidente Nicolás Maduro dijo que alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich eran “bienvenidos en Venezuela”. En agosto este grupo hizo publicó su regreso a las armas y desde entonces se dice que todo el grupo de comandantes guerrilleros que apareció en el video de la Segunda Marquetalia permanece en Venezuela. 

«No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro», dijo el mandatario colombiano Iván Duque, al conocerse el anuncio.

  1. Lo que hay detrás de los enfrentamientos. Investigadores y expertos colombianos, como la exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia, Claudia Carrasquilla, explicó que las facciones de Iván Máquez (FARC Segunda Marquetalia) y Gentil Duarte (Disidencias de las FARC) mantuvieron relaciones cordiales, después del acuerdo de paz, pero nunca lograron acuerdos sólidos.

Sostuvieron al menos dos reuniones en territorio venezolano en 2018 y 2019, según reportes de inteligencia obtenidos por el Ministerio Público de Colombia. Incluso se supo que Duarte recibió apoyó al grupo de Márquez en su llegada a Venezuela “pero les dejó claro que él no se iba a someter al mandato de ellos, porque él estaba al mismo nivel de ellos. Lo que he podido investigar es que no han logrado cohesionarse, sino que ambos manejan territorios en esa zona de Venezuela (frontera de Apure y Amazonas)”, explicó Carrasquilla.

Esta afirmación coincide con un análisis publicado en la página de la Fundación InSight Crime: “El grupo de Márquez ha intentado unificar fuerzas con los grupos Ex–FARC mafia (Disidencias FARC), encabezados por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’. Sin embargo, su unión parece distante debido a que el grueso de los combatientes bajo la sombrilla de Gentil no ven en Márquez al líder que fue en la guerrilla y por el contrario ven como una traición su participación en el proceso de paz con el Estado”.

Mientras Márquez y Santrich intentaron “jugar” a la política, Gentil Duarte fue consolidando su poder y su negocio de narcotráfico en territorio venezolanos con el apoyo o la complacencia de militares venezolanos, según reportes denominados Alertas Tempranas elaborados por la Defensoría del Pueblo de Colombia en 2017, a los que tuvo acceso Runrun.es.

Ahora la necesidad de controlar rutas y territorios en Venezuela para el tráfico de drogas habría llevado los desacuerdos de los exfareanos a un punto sin retorno. Ante este escenario un tercer actor parece haber entrado en esta “relación”. Se trata de la FANB venezolana como institución del Ejecutivo Nacional, cuyas acciones podrían estar favoreciendo al grupo de Iván Márquez o FARC Segunda Marquetalia, en esta lucha por conquistar los espacios dominados por sus antiguos camaradas (las Disidencias de las FARC).

Aunque se trata de dos grupos dedicados a actividades criminales, la razón para beneficiar a las FARC Segunda Marquetalia por encima de las Disidencias FARC sería de tipo ideológico y político. Mientras tanto continúan los enfrentamientos en Apure, los desplazamientos de venezolanos y la ausencia de información oficial oportuna y completa.

Continúan en Apure los enfrentamientos entre la FANB y disidentes de las FARC
Defensores de Derechos Humanos informaron que recibieron información sobre un nuevo enfrentamiento en La Victoria, debido a una avanzada de las FARC comandadas por alias “Farley”, líder de la disidencia que ahora adversa a alias “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”

La población de La Victoria, pueblo fronterizo ubicado en el estado Apure, sufre los embates de conflictos armados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se refugian en territorio venezolano.

Durante la noche del 23 de marzo, defensores de Derechos Humanos informaron que recibieron información sobre un nuevo enfrentamiento en La Victoria, debido a una avanzada de las FARC comandadas por alias “Farley”, líder de la disidencia que ahora adversa a alias “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”.

Así lo reportó el presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, al detallar que el enfrentamiento armado se habría producido en las inmediaciones de la entrada de La Victoria a las 9:30 pm.

 

 

Como consecuencia del enfrentamiento, el pueblo perdió conexión eléctrica y quedó incomunicado. Sin embargo, Tarazona recibió reportes desde Arauquita, municipio vecino de Colombia, donde evidenciaron a venezolanos desplazándose en canoas hacia territorio colombiano.

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