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La Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por Runrunes , El Pitazo y TalCual pone en marcha el Vacunómetro, herramienta que hace seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela caracterizado por el descontrol y la opacidad. El  análisis de los datos oficiales en contraste con la información recabada mediante la cobertura periodística evidencia que la gestión de las vacunas en Venezuela es irregular y poco transparente. Un ejemplo: se desconoce cuál ha sido el destino de 95 % de las vacunas que han llegado al país

Alianza Rebelde Investiga (ARI)

 

Desde el pasado 13 de febrero de 2021, cuando el gobierno de Nicolás Maduro anunció la llegada de las primeras 100.000 vacunas Sputnik V, fabricadas por el laboratorio ruso Gamaleya. El proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela se ha desarrollado con evidente opacidad, inconsistencia e improvisación. 

A ese primer anuncio, le siguieron otras siete entregas de lotes de vacunas que suman un total de 2.680.000 vacunas hasta el 31 de mayo: 1.800.000 Sinopharm, provenientes China y 880.000 Sputnik V que representan apenas 0,88 % de la cantidad requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir lograr la vacunación de 70 % de la población (22 millones de venezolanos).

De acuerdo a datos aportados por voceros oficiales y organizaciones no gubernamentales, entre febrero y mayo de 2021 se han aplicado tan solo 128.403 vacunas en 20 estados de un total de 2.680.000 dosis que han llegado al país.

Se desconoce, entonces, el destino de 95 % de las vacunas chinas y rusas que Venezuela ha recibido desde el pasado mes de febrero. 

Las desproporciones mencionadas son algunas de las cifras que arroja el balance de los tres primeros meses del “plan de vacunación” gubernamental que registra el Vacunómetro, herramienta periodística que monitorea el proceso de administración de vacunas anti-COVID-19 en Venezuela, desarrollada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual. Con el objetivo de vencer la censura y suplir la falta de información oficial, ofrecerá un reporte gráfico semanal sobre el manejo de las vacunas en el país y reportajes de investigación que analizan el desarrollo del proceso con mayor profundidad.

El Vacunómetro se realiza en un contexto de poca transparencia informativa e irregularidades administrativas. Según voceros oficiales, las vacunas se han aplicado al personal sanitario, personal docente y personas de la tercera edad o con riesgo de comorbilidad. En esa línea, el pasado 23 de mayo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que se había vacunado al 90 % de los médicos venezolanos. Pero el gremio enseguida desmintió la información

El 28 de mayo, la Academia de Medicina solicitó al Ministerio Público que identificaran a los presuntos traficantes de vacunas. Los científicos no han sido los únicos en denunciar este hecho; la diputada a la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, Elimar Diaz, denunció que en el estado Zulia revenden las vacunas contra la COVID-19 entre 200 y 800 dólares

 

 

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El Vacunómetro se fundamenta en una base de datos que se actualiza con la información emitida por organismos gubernamentales, reportes de la Oficina de las Nacionales Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) y de Transparencia Venezuela. También incluye los datos recabados en la cobertura diaria que realizan los reporteros de Tal Cual y El Pitazo desde el pasado mes de febrero en Caracas y el interior del país.  

Tres periodistas participan en la construcción de la base de datos que hasta el 31 de mayo cuenta con 81 registros de notas de prensa sobre el proceso de vacunación en todo el territorio nacional.

Uno de los datos que revela el Vacunómetro es que en el Zulia, estado que registra más casos de COVID-19 en los últimos días, y donde en abril de 2021 fallecieron 21 médicos por causas asociadas al coronavirus, solo ha recibido 5382 vacunas. Es decir, 4,1 % de las repartidas a nivel nacional. 

El registro de las declaraciones oficiales evidencia inconsistencias en el discurso oficial. En los estados Bolívar y Sucre han anunciado cantidad de vacunados, pero no se ha informado cuántas vacunas han llegado a estas regiones. 

No hizo falta una guerra para desatar la violencia armada en Venezuela
El libro “Dicen que están matando gente en Venezuela” es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin)
Verónica Zubillaga y Manuel Llorens son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 
José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia

 

Cristina estaba lavando cuando policías entraron a su casa y mataron a su hijo; 10 meses después, asesinaron al segundo. Vecinos de Los Ruices que, desgastados por la delincuencia en la zona y la desprotección de las instituciones, hacían guardias para salir a linchar. Rafael, a quién le mataron a su hermano y él mismo fue secuestrado, mató a dos mesoneros que intentaron robarle dinero. Yarelis y Orlanda se unieron para apoyar a otras víctimas de operativos policiales, como ellas.

Todas estas personas tienen algo en común: sus vidas están atravesadas por la violencia que se vive en Venezuela. Un país que era la excepción de Latinoamérica y que actualmente es considerado de los más peligrosos del mundo. Sin guerras, pero con la llegada al poder del chavismo 

“Dicen que están matando gente en Venezuela. Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana” de la Editorial Dahbar es el libro de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin) que recoge estas historias para, desde una mirada amplia, profunda y variada, contar la violencia armada que ha marcado el país desde hace años. 

¿Un país violento? 

Todos lo dicen y las cifras lo confirman: Venezuela es un país violento. Pero desde Reacin no quisieron quedarse en las expresiones institucionales del fenómeno, sino profundizar en cómo la violencia ha marcado las relaciones, los espacios, la cotidianidad, la individualidad. 

“Quisimos poner la mirada sobre cómo pensar esa violencia desde otros lugares, cómo la viven y la subjetivan las personas que están formando parte de ese círculo. Esa es una aproximación que también nos hace ver no solo la violencia en sí misma, sino nos hace ver otro tipos de expresiones. Por ejemplo: cómo hace la gente para sobreponerse a la violencia”, cuenta Sánchez. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no es una alegoría a la violencia, sino un texto que busca rescatar la humanidad de las personas que han construido sus vidas en medios violentos. 

Para Sánchez, la perspectiva desde la que se analiza Venezuela como país violento cambia. En donde no hay una sola violencia, sino distintas violencias, heterogéneas pero parte de un mismo lugar. 

John Souto, por su parte, considera que el tema de la violencia permite conjugar muchos aspectos de lo que le sucede a la sociedad venezolana. “Nos permite conjugar el sufrimiento que se genera más individual en cada uno de nosotros y a la vez en lo social. Es un fenómeno social que permite hablar desde lo más privado y lo más íntimo hasta lo más público o lo externo”. 

El libro no se centra en decir que Venezuela es violenta. Permite, a pesar del carácter crudo y desgarrador de la violencia, hacer un análisis más amplio con otros conceptos sociales. 

“Eso es lo que lo diferencia de otros materiales que se publican sobre violencia, que no solo está centrado en ver lo que la violencia nos define, sino también sus salidas, su comprensión más compleja. Esas grandes diferencias de violencia era tratar de ofrecer una mirada que no fuera simplificada sino una mirada más compleja, que tuviera varias facetas ”, continua Souto. 

El psicólogo explica que no quedarse en la simplificación del país violento permite hacer una memoria y registro más justo de lo que sucede en Venezuela. Además de que esa mirada permite romper con los moldes que la polarización ha generado. “Es comprender que no están sucediendo cosas porque dos o tres personas sean malas, sino que hay unas dinámicas que nos han acompañado por mucho tiempo y que no van a retirarse de nuestras vidas al retirar dos o tres personas malas señaladas, como a veces pensamos cuando se piensa en soluciones”.

El lado humano de la violencia 

Jóvenes, madres, vecinos, maestros, niños. ¿Cómo viven la violencia y a pesar de ella? ¿Cómo los ha afectado, individual y colectivamente? ¿Cómo resisten y buscan salidas al horror?

Ahí la diferencia y una de las particularidades de “Dicen que están matando gente en Venezuela”: las historias humanas. En cada capítulo, los investigadores cuentan cómo se aproximaron de forma metodológica a la violencia en los distintos grupos y comunidades. Estos registros, documentación y estudio han llevado años de trabajo de los investigadores.

“En la mayoría de los trabajos hay mucho acercamiento etnográfico. Es decir, estamos con la gente”, explica Sánchez. “Hacemos parte de la cotidianidad de las personas, intentamos acceder a cómo se vive el fenómeno desde ahí para poder pensar justamente sus implicaciones o las posibles alternativas”. 

Sánchez, quien trabajó con madres que habían perdido a sus hijos en operativos policiales violentos, cuenta cómo para él también las investigaciones fueron un proceso de transformación individual. 

“Yo soy psicólogo clínico comunitario e inicialmente los primeros acercamientos que tuve en mis primeras experiencias estaba muy vinculado al consultorio”. Una vez que se acercó al fenómeno, las cuatro paredes fueron insuficiente para comprender la realidad en la que se estaba involucrando”. 

“Todo este trabajo de las mujeres hubiese sido imposible si las mujeres no hubiesen querido que yo estuviese ahí. Fue un trabajo complejo que requiere de mucha elaboración. Relatos muy enriquecedores e impactantes, pero luego de compartir con este grupo de mujeres uno también se empieza a cundir de las fortaleza que ellas tienen. Tienen un fortalecimiento increíble para poder sobrellevar todo estos procesos”, asegura Sánchez. 

Souto, quien estuvo por meses en La Vega, San Agustín o Los Valles del Tuy, define la experiencia más importante de toda su carrera como psicólogo e investigador: cambió su mirada del trabajo en comunidad. 

“Apenas llegamos a La Vega ocurrió un evento que fue como lo previo a la instauración de las OLP, la comunidad fue tomada como dos meses entre luchas de dos bandas y cuerpos de seguridad. Fue un momento complicado y después continuamos ahí y los adolescentes nos contaban los daños que hicieron, las personas que fueron eliminadas, los que fueron detenidos injustamente”.

Resistir y buscar salidas a la violencia

Yarelis y Orlanda se organizaron para apoyar a otras víctimas de los operativos extrajudiciales en Venezuela. Sabían de qué se trataba porque cada una perdió a sus hijos de esa forma. “¿Cómo hacen para buscar justicia en medio de todo lo que han vivido?”, se pregunta Sánchez en el libro. 

Esa pregunta lo llevó a enfocar su investigación para contestar esa pregunta. Y descubrió que esa resistencia a vivir en la violencia y a pesar de la violencia se manifestaban en sus rutinas, en sus luchas y sus vivencias familiares. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no solo se plantea contar las múltiples miradas de la violencia, sus defectos o su destructividad. Sino las soluciones que permitan salir de ese círculo. 

“Esa fue siempre la finalidad de la Red, del trabajo que hicimos en Reacin. Poder tener un poco de incidencia, poder hacer memorias, poder hacer registros y poder levantar datos para poder pensar políticas públicas”, afirma Sánchez. 

Convivir con ellas y su dolor de la pérdida también sirvió para conocer cómo podían resistir. Desde las alianzas, asociaciones. 

En sus años de investigaciones en las comunidades, Souto cuenta cómo la gente no solo sufría la violencia, sino que buscaban vías de salida o para conseguir recursos.

“Esa parte del impacto que tenía la violencia, pero al mismo tiempo no desgarraba totalmente las relaciones sino que también era un esfuerzo por continuar viviendo, cambió mucho mi mirada sobre cómo gestionan estas poblaciones la violencia. 

Estos acercamientos a los grupos de ambos investigadores también permitió conocer la relación de escepticismo que tienen con la justicia. La idea de que todos los cuerpos policiales son delincuentes o mujeres que no denuncian la violencia de los efectivos de seguridad porque no creen que sirva de algo. 

 

Asimismo, el libro también muestra el camino de búsqueda de reparación por lo que estas personas han sufrido en entornos violentos; así como la ausencia de justicia, reconocimiento o memoria. 

“Es imposible que un grupo de mujeres o un grupo de una comunidad puedan parar el nivel de violencia que desde el Estado se está articulando. Esa es una batalla que siempre se va a perder. Ves como las víctimas quedan entre la espera y la esperanza, y esa es una combinación letal”, reflexiona Sánchez. “Pensar la reparación es una tarea muy compleja pero yo creo que una de las enseñanzas que estas mujeres empezaron a mostrar es que a pesar de ser una tarea compleja es una tarea que hay que hacer”.

Acerca del libro

El libro es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin), fundada hace cuatro años. Si bien el fenómeno de la violencia ha sido una problemática de investigación, también ha sido la oportunidad de profundizar sobre un drama que afecta, de una forma u otra, directa o indirectamente, a los venezolanos. 

De cómo los venezolanos han sido sufrientes y también practicantes de violencia. 

Verónica Zubillaga -doctora en Sociología, profesora e investigadora- y Manuel Llorens -psicólogo, magíster en psicología comunitaria, profesor e investigador- son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 

José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia en este libro. 

Francisco Sánchez cuenta cómo “Dicen que están matando gente en Venezuela” no se concibió como un proyecto consecuencia de las investigaciones en Reacin, sino una expresión de todo el trabajo que han hecho desde la organización desde hace años. 

“Al tener como conjugación de distintas miradas y de distintas perspectivas, tal vez plantearse hacer un libro digamos que fue un proceso natural. El libro se termina  concretando luego de tener procesos de investigación que estaban echados a andar desde hace dos o tres años”. 

Este libro reúne materiales hasta la fecha nunca publicados sobre las políticas represivas del estado venezolano y se propone develar la diversidad de expresiones que ha adquirido la violencia armada en el país en los últimos años. 

Todo desde las herramientas que tienen como investigadores: el registro, el análisis, la reflexión y la denuncia. 

 

Suicidios en niños y adolescentes en Venezuela se incrementaron 800% entre 2014 y 2019
Mientras que en 2014 la ONG Cecodap registró 11 suicidios en este grupo etario, en 2019 la organización obtuvo reportes de 88 casos. El Observatorio Venezolano de la Violencia encontró que entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes sufrieron muertes  autoinfligidas
El análisis de las estadísticas de 2020 del Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, evidencia un incremento de las alteraciones del estado de ánimo y el riesgo suicida en adolescentes en el contexto pandémico

 

@GitiW

 

En mayo de 2020, a pocos meses de comenzar el confinamiento por la llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela, y de la suspensión de las actividades académicas presenciales, al menos cuatro niños, niñas y adolescentes se quitaron la vida. Uno de ellos fue Miguel, a quien su madre encontró sin vida en su cuarto. El niño sólo tenía 10 años.

Desde que en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera la publicación del Anuario de Mortalidad, en Venezuela no hay registro público de cuántas personas mueren por suicidio.

Son organizaciones de la sociedad civil como Cecodap -una ONG venezolana fundada en 1984, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia-, y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las que se han dado a la tarea de recopilar datos e informar sobre un fenómeno que, además de ser un problema de salud pública, también puede considerarse como un flagelo de carácter social. 

“La precarización de las condiciones de vida no sólo ha incrementado la violencia directa y estructural, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos”, concluyó el OVV en su informe de 2020 sobre la tendencia suicida en el país. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una de las principales causas de mortalidad en la población más joven en todo el mundo. De acuerdo con los datos de la organización, cerca de 800 mil  personas se suicidan cada año. Se trata de la segunda causa de muerte en la población entre 15 a 29 años de edad. Se sabe, además, que el 79% de los suicidios que ocurren en el mundo tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. 

En su informe sobre el suicidio infantil 2021, presentado el 9 marzo de 2021, Cecodap evidenció un incremento significativo de estos sucesos: en 2014 se reportaron 11 casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes; en 2015 fueron 14; en 2016 se elevó a 17 casos, y en 2017 el informe señaló que habían ocurrido, al menos, 34. No se ofrecen estadísticas del 2018, pero en 2019 la organización obtuvo reportes de 88 casos. 

De esos datos se desprende que el incremento de los suicidios en la niñez y adolescencia en Venezuela es de 800% en cinco años. Por su parte, el OVV encontró que entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes sufrieron muertes  autoinfligidas. 

Las dos ONG realizaron una investigación hemerográfica sobre los reportes de suicidios de niños, niñas y adolescentes, y hallaron que en promedio se reportó un suicidio infantil y adolescente al mes durante 2019 y el primer semestre de 2020. 

 

Estos datos contrastan con el registro propio de ambas organizaciones, por lo que suponen que hay un importante subregistro de estos casos en la prensa nacional, bien por falta de acceso a la información, o debido a la autocensura a la hora de informar sobre estos hechos. Cecodap advierte que la falta de reportes periodísticos puede estar jugando un papel en la invisibilización de los suicidios de niños, niñas y  adolescentes.  

Entre 13 y 15 años es la mayor incidencia

 

El informe 2021 de Cecodap y el OVV revela que la edad de las víctimas osciló entre los 10 y 17 años, y que la mayor incidencia estuvo entre los 13 y los 15 años. 46,2% de los casos corresponden a niñas, mientras que los varones representan 53,9%. “La población de mayor riesgo es la de los varones de 13 años de edad y las mujeres de 14 años”, apuntó el estudio. 

 

Miguel, un niño de tan sólo 10 años, es el caso de menor edad del que se tiene registro. Notas de prensa que reseñaron el suceso indicaron que el detonante de la acción suicida sería un conflicto familiar. 

Justamente, Cecodap halló que el conflicto familiar aparecía como la principal causa de la acción suicida. Las alteraciones del estado de ánimo, entre ellas la depresión y la ansiedad, aparecen también como causas en las reseñas periodísticas. 

Estos hallazgos coinciden con lo observado por el Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Cecodap, llamado Crecer Sin Violencia. Las estadísticas de 2020 son abrumadoras: entre enero y junio del año pasado, 31% de las personas que acudieron a consulta lo hicieron por alteraciones del estado de ánimo y, de ese total, 20% presentó ideación y riesgo suicida.  

76% de los casos que atendió el SAP fueron de niños, niñas y adolescentes, siendo 52% de niños y 24% de adolescentes. El resto, 24% de los casos, fueron adultos cuidadores o familiares de los niños. 

Desde el inicio de la pandemia, la OMS ha alertado sobre los graves efectos del confinamiento en la salud mental de las personas. Especialistas en el área han advertido que las secuelas emocionales de la pandemia han creado “una tormenta perfecta para que aumente el riesgo de suicidio”. 

En el contexto venezolano, hay varios instrumentos legales que establecen el derecho a la salud mental, entre ellos están la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Pero más allá del negro sobre blanco, ambas ONG cuestionan en su informe la ausencia de acciones del Estado venezolano para garantizar el derecho a los niños, niñas y adolescentes al disfrute de la salud mental. 

Destaca el informe que, en dos de los casos reportados, la presunta causa del suicidio fue la depresión asociada con el cambio de rutina que trajo el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19. “El dato coincide con el análisis de las estadísticas del SAP, en las que se aprecia un incremento de las alteraciones del estado de ánimo y el riesgo suicida en adolescentes en el contexto pandémico”, señaló el estudio. 

Falcón con 19,2% y Guárico con 15,4% fueron los estados venezolanos con mayor reporte de suicidios entre 2019 y el primer semestre de 2020. Otros  estados que tuvieron una alta incidencia fueron Lara (11,5%), Distrito Capital, Anzoátegui, Mérida, Miranda y Nueva Esparta  (7,7%). 

Los objetos para producir asfixia mecánica fueron los que con más frecuencia niños, niñas y adolescentes emplearon para el suicidio, pues son herramientas que se elaboran con objetos comunes y que están a su alcance dentro del hogar. De acuerdo con los datos recogidos por las ONG, el lugar con mayor incidencia de suicidios es el hogar donde residen las víctimas (61,54%). 

Lo que no dicen los reportes de prensa

 

La revisión hemerográfica de Cecodap halló que la fuente empleada por los periodistas para la publicación de la noticia de un suicidio en la niñez o adolescencia, suelen ser fuentes policiales que declaran de forma extraoficial. Sólo en seis de los registros periodísticos, el reportero hizo mención a otra fuente de información. La familia apareció como referente en el 23% de los casos. 

Los medios regionales publican con mayor frecuencia notas sobre suicidios infantiles, mientras que los medios con cobertura nacional hacen poco seguimiento a estos sucesos. Todos los casos que formaron parte de la muestra fueron publicados por medios nativos digitales, o que migraron al ámbito digital. 

Un aspecto que llamó la atención de los investigadores fue que las notas periodísticas carecían de detalles clave que respondieran las interrogantes básicas de toda noticia. 

“Si bien es cierto que la Lopnna establece determinadas prohibiciones con relación a la identificación de un niño, niña o adolescente víctima, se halló que con frecuencia faltan datos como: nombre de la víctima, grado de instrucción y tipo de institución educativa a la que asistía; ausencia de los padres (por  ejemplo, por migración); antecedentes de violencia; registro de indicios para la investigación policial y tratamiento o  acompañamiento médico. Estos datos son relevantes porque permiten caracterizar el contexto familiar y social y, en  consecuencia, permite tener mejores insumos para el desarrollo de políticas públicas”, afirmó Cecodap en su informe. 

La ONG destacó asimismo que en las notas de prensa no hubo ningún dato relacionado con el tratamiento o acompañamiento psicosocial de las víctimas, pese a que en seis ocasiones se mencionó que había indicios de riesgo suicida como, por ejemplo, intentos previos, cambios de estado de ánimo y cambios de comportamiento. 

Finalmente, el informe alertó sobre la falta de seguimiento por parte de los medios de comunicación a los casos de suicidio en la niñez y adolescencia, a diferencia de lo que ocurre con los homicidios, pues no se encontraron historias que visibilizaran el impacto del suicidio en la familia, amigos de la víctima y en la comunidad.

Venezuela: La misma hiperinflación con tres billetes nuevos
El Banco Central estrena billetes en medio de una severa escasez de efectivo. Tomando en cuenta los ocho ceros que Chávez y Maduro restaron a la moneda el nuevo billete de un millón de bolívares sería de 100.000.000.000.000, es decir, cien billones que no compran un kilo de café

 

@vsalmeron

 

El incesante incremento de los precios pulveriza la moneda y obliga a los venezolanos que necesitan efectivo a acudir continuamente al banco para retirar billetes con una exigua capacidad de compra.

En un intento por aliviar este desequilibrio el Banco Central de Venezuela pondrá en circulación a partir de esta semana tres billetes de mayor denominación: 200 mil, 500 mil y un millón de bolívares; este último multiplica por veinte al billete de 50 mil que, hasta ahora, fue el de mayor valor.

La devaluación es de tal magnitud que este billete de un millón de bolívares apenas equivale a 0,52 dólares al tipo de cambio oficial, pero por un tiempo las nuevas piezas podrían atenuar la escasez de efectivo y facilitar el pago del transporte público, una de las principales preocupaciones de los venezolanos de menos recursos.

Ante el meteórico incremento de los precios el Banco Central no fue capaz de abastecer de suficientes billetes a la economía, generando una severa escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza busetas y autobuses.

“Con el billete de un millón de bolívares podría pagar tres pasajes, actualmente el de mayor valor es de 50 mil y necesito seis para un solo pasaje. Veremos cuántos billetes de un millón me entregan en los bancos”, dice Leticia Flores quien trabaja como cajera en un supermercado al este de Caracas.

Ante la escasez de efectivo los bancos aplican un anárquico racionamiento en la cantidad de billetes que se puede retirar diariamente en las agencias y en los cajeros automáticos.

“Mi día libre lo dedico a recorrer bancos para juntar para el pasaje, tengo que hacer colas de dos y tres horas en por lo menos tres agencias para retirar lo que necesito, ojalá ese billete del millón llegue rápido y el pasaje no aumente mucho, aquí los precios suben todos los días”, dice Leticia Flores.

El Banco Central envió un comunicado a las entidades financieras donde les indica que “la distribución especial de efectivo será realizada desde el 8 hasta el 31 de marzo de 2021”, lo que sugiere que los nuevos billetes tardarán al menos tres semanas en estar completamente disponibles.

Las cifras oficiales precisan que al cierre del 26 de febrero el efectivo representaba 1,8% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar al menos 10%.

El Banco Central relajó las normas que restringen la liquidez para que los bancos compren los nuevos billetes con mayor facilidad.

El cohete

El mar de fondo es la hiperinflación. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela en 2020 los precios acumularon un salto de 2.959% y en diciembre el avance fue de 77,5%. A este ritmo en poco tiempo se requerirá un fajo de billetes de un millón de bolívares para pagar el transporte público y la moneda seguirá desdibujándose. 

José Guerra, exgerente de investigación del Banco Central y miembro de la comisión de finanzas de la Asamblea elegida en 2015 explica que “al cabo de tres meses, de persistir los niveles de alzas de precios, el valor de los nuevos billetes se habrá pulverizado irremediablemente”.

Técnicamente Venezuela ingresó al túnel de la hiperinflación en diciembre de 2017. Para diagnosticar esta enfermedad la mayoría de los economistas emplea la definición que en 1956 estableció Phillip Cagan: un país sufre hiperinflación cuando la inflación alcanza 50% en un mes y culmina cuando en un período de doce meses no ha habido otro mes de 50%.

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

La economía es un juego de contrapesos y la inyección de dinero dinamitó el equilibrio entre la oferta y la demanda disparando los precios y la cotización del dólar.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente en 2018, aceleraron el declive de la producción petrolera.

El ajuste

Para quitarle gasolina a la hiperinflación en 2020 el gobierno disminuyó el ritmo en la creación de dinero al punto que de acuerdo con Ecoanalítica el gasto público descendió a 15 puntos del PIB, el nivel más bajo en veinte años. Además, con severas regulaciones asfixió el crédito para evitar que la banca inyecte fondos a la economía.

El informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello precisa que el declive del gasto “ha ocurrido principalmente por la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública externa, el recorte de los gastos en inversión pública, mantenimiento y adquisición de insumos, el atraso en el pago a proveedores y la caída del valor real de los salarios, pensiones y bonos del Sistema Patria”.

Pero la hiperinflación no ha cesado porque a pesar del ajuste, el déficit en las cuentas del gobierno se mantiene en 8 puntos del PIB y la administración de Nicolás Maduro, aunque en menor medida, sigue creando dinero.

En este entorno la hiperinflación, que experimentó un salto de 9.586% en 2019 perdió impulso en 2020, pero continúa fuera de control y en niveles muy elevados. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año acumulará un avance de 2.230% y Fitch Solutions de 2.149%.

Sin opciones

José Guerra afirma que “no hay salida a la hiperinflación porque ante la caída del ingreso petrolero y la falta de financiamiento, el gobierno tiene que financiarse con la emisión de dinero del Banco Central”.

“En promedio el gobierno recibía unos 48 mil millones de dólares por exportaciones petroleras, esto ha caído a niveles en torno a 4 mil millones y tras siete años de recesión la recaudación de impuestos es muy baja. Esto no tiene solución sin financiamiento no inflacionario que tendría que venir de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo”, agrega José Guerra.

Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Leonardo Vera, profesor de la Universidad Central de Venezuela, escriben en un análisis que “la situación de extrema precariedad de las finanzas públicas indica que la única vía para darle a la gestión fiscal un impulso mínimo vital inicial es acudiendo al financiamiento y la ayuda internacional”. 

“Los recursos deben provenir de fondos internacionales de tipo concesional, preferiblemente, créditos puentes, donaciones y otras fuentes de recursos de desembolso rápido y sin pesada condicionalidad. Esto mientras Venezuela gestiona ante los organismos multilaterales un paquete de préstamos”, explican.

El aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro mantiene cerrada esta posibilidad y todo apunta a que la creación de dinero no se detendrá.

La digitalización

Consciente de que en poco tiempo los nuevos billetes perderán todo significado el gobierno quiere disminuir el uso del efectivo y ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público. El 26 de febrero Nicolás Maduro señaló que “tenemos una sorpresa: el bolívar digital. Ya daremos más detalles de eso”.

La idea es crear un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria. Las autoridades del Banco Central les solicitaron a las entidades financieras privadas un plan en este sentido.

La posición de la banca es que existen limitaciones importantes: deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico por años de poca inversión en el sistema financiero.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

La mayoría de los bancos venezolanos no tienen esta tecnología y cambiar las tarjetas actuales por las de contacto implicaría una inversión importante en momentos en que las ganancias del sistema financiero han caído a niveles ínfimos en medio de la contracción del crédito.

Resta de ceros

Convencido de que la economía había ingresado en un ciclo virtuoso, en una nueva etapa que necesitaba un símbolo suficientemente representativo, en enero de 2008 el directorio del Banco Central puso en circulación al “bolívar fuerte”, restándole tres ceros a los billetes, monedas y todos los precios de la economía.

Pero la economía tomó un camino muy distinto al señalado aquel día y el bolívar fuerte sucumbió a manos de la inflación. Ante la muerte de la moneda, la noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro lanzó el bolívar soberano, restando otros cinco ceros.

Pero el bolívar soberano se ha hundido velozmente y la disparada de los precios hace que los equipos informáticos en las empresas y los bancos, así como los puntos de venta en el comercio, tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año a fin de evitar el colapso de las transacciones.

Si los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no hubiesen restado ocho ceros a la moneda, el billete de un millón de bolívares que comenzará a circular esta semana sería de 100.000.000.000.000, es decir, cien billones de bolívares que prácticamente no valen nada y no alcanzan para comprar un kilo de café.